Descripción
Contribuir a la mejora de la prestación de los servicios públicos y de las condiciones de trabajo mediante el diálogo social, la consulta regular sobre el bienestar y compromiso del personal empleado público, así como la disponibilidad de datos y estudios para observar la evolución del empleo público en su conjunto.
Objetivos
Recomendación Consejo de la OCDE sobre Liderazgo y Capacidad en la Función Pública (2019)
Fijando y ofreciendo unas condiciones de empleo transparentes (por ejemplo, remuneración, duración, seguridad laboral, derechos y obligaciones) que se adecuen a las funciones del puesto, teniendo en cuenta los mercados de trabajo externos e internos, en concreto:
Definiendo claramente las categorías de trabajo que entran en el ámbito estatutario de la función pública, donde existan tales estatutos, o de derecho laboral general, basándose en criterios transparentes y objetivos;
Definiendo claramente, y aplicando de manera coherente, las condiciones de trabajo para las funciones y puesto, basadas en factores tales como la naturaleza del trabajo, las consideraciones del mercado laboral, y las necesidades de desarrollo de las capacidades del servicio público; e
Involucrando a los representantes de los empleados públicos en procedimientos de consulta legítimos, negociando a través de procesos abiertos y justos, tales como la negociación colectiva, y estableciendo procedimientos para supervisar la puesta en práctica de los acuerdos.
Asegurándose de que los empleados tengan oportunidades de contribuir a la mejora del desempeño del servicio público y que sean incluidos como socios en los asuntos de la gestión del servicio público, en concreto:
Permitiendo la representación de los empleados y entablando diálogos sociales constructivos con ellos;
Consultando periódicamente a los empleados sobre asuntos como su bienestar e implicación, a fin de identificar las fortalezas, los retos y las tendencias para informar a los directivos y mejorar la toma de decisiones en la gestión;
Asegurando la comunicación continua entre los empleados públicos de niveles básicos y los empleados públicos de alto nivel y horizontalmente a través de redes y comunidades de práctica.
Estableciendo procesos para que los empleados puedan informar sobre las quejas y violaciones en relación con los criterios de integridad, sin miedo a represalias o acoso, y proporcionando procedimientos de seguimiento adecuados.